Gremio advierte riesgos en competencia y decisiones de inversión ante la falta de reglas claras en la Tarifa de Uso de Puerto. Sostienen que el cobro opera, en la práctica económica, como un “royalty portuario”, pero sin una metodología legalmente establecida.
Con el objetivo de que se evalúe la legalidad y el mecanismo de determinación de la Tarifa de Uso de Puerto (TUP), un cobro aplicado por las empresas portuarias estatales a las naves que arriban a puerto, la Asociación Nacional de Agentes de Naves de Chile (ASONAVE A.G.) presentó hace unos días una solicitud ante la Contraloría General de la República, encabezada por Dorothy Pérez. El gremio sostiene que la tarifa carece, desde su implementación en el año 2000, de una metodología reglada y transparente, pese a haber generado en todo este período una recaudación acumulada del orden de cientos de millones de dólares.
De acuerdo con ASONAVE, a diferencia de otros cargos portuarios regulados por decreto, la TUP no cuenta con un marco normativo que establezca variables técnicas, criterios de costos ni obligaciones explícitas de reinversión en infraestructura. Esta situación habría permitido que la tarifa se fije de manera autónoma por cada empresa portuaria estatal, generando asimetrías de costos entre terminales y distorsiones en la competencia.
Royalty Portuario
Uno de los puntos que el gremio considera más críticos es el peso relativo que la TUP ha adquirido en la estructura de ingresos de algunas empresas portuarias. Según antecedentes expuestos en la presentación, en ciertos puertos la tarifa representa una porción sustantiva de los ingresos totales, llegando históricamente al 52% en el puerto de San Antonio y a cifras cercanas al 30% en otros terminales estatales. A juicio de ASONAVE, estos niveles evidencian que la TUP opera, en la práctica económica, como un royalty portuario, es decir, un cobro estructural por el uso de infraestructura pública, pero que -a diferencia de un verdadero royalty o impuesto- carece de una metodología de determinación legalmente establecida.
“El problema de fondo es la ausencia de reglas claras”, señaló el presidente de ASONAVE, Gonzalo Fernández Alzola. “Estamos frente a un cobro que nació como un mecanismo de recuperación de costos, pero que hoy opera como un ingreso estructural sin una correlación verificable con inversiones efectivas en infraestructura portuaria común”.
Requerimiento a la CGR
Según antecedentes expuestos por el gremio, la TUP ha pasado a representar una parte relevante de los ingresos de algunas empresas portuarias estatales, sin que exista claridad respecto de su destino ni una trazabilidad directa hacia obras de abrigo u otras inversiones asociadas al servicio que justifica el cobro. En ese contexto, ASONAVE solicitó que la Contraloría instruya una auditoría que revise tanto la metodología de fijación de la tarifa como el uso de los recursos recaudados.
La presentación también pide un pronunciamiento jurídico sobre la procedencia de mantener un cobro de carácter monopólico sin una regulación técnica explícita, advirtiendo que esta indeterminación metodológica afecta la certeza jurídica de los usuarios portuarios y puede incidir en decisiones logísticas, comerciales y de inversión.
Vencimiento de concesiones portuarias al 2030
Desde ASONAVE subrayan que el tema adquiere mayor relevancia en el escenario de mediano plazo, marcado por el vencimiento de concesiones portuarias hacia 2030 y por proyectos de inversión de gran escala en infraestructura marítima. A juicio del gremio, la ausencia de un marco regulatorio claro para la TUP introduce riesgos tarifarios futuros, con potencial impacto en la competitividad del comercio exterior chileno.
El gremio recalcó que su planteamiento no apunta a eliminar la Tarifa de Uso de Puerto, sino a dotarla de un estándar regulatorio comparable al de otros cargos del sistema portuario, con reglas predecibles, transparentes y alineadas con criterios de eficiencia económica. “Un sistema portuario competitivo requiere precios bien fundados y reglas estables”, concluyó ASONAVE.
Valparaíso, 30 de diciembre de 2025
RECUADRO
¿Qué es la TUP y por qué importa?
La Tarifa de Uso de Puerto (TUP) es un cobro que aplican algunas empresas portuarias estatales a las naves por el uso de infraestructura común, como obras de abrigo, aguas protegidas, accesos y otros servicios que no están concesionados. Se creó en el marco de la modernización del sistema portuario ((Ley N° 19.542), y comenzó a aplicarse a partir del año 2000.
En su origen, la TUP fue concebida como un mecanismo de recuperación de costos, orientado a financiar la mantención y el desarrollo de infraestructura básica, especialmente las obras de abrigo que permiten operar en condiciones seguras.
Con el paso del tiempo, sin embargo, el cobro fue adquiriendo un peso creciente dentro de los ingresos de las empresas portuarias estatales. A diferencia de otros cargos del sistema -como el canon que pagan los concesionarios privados-, la TUP no cuenta con una metodología de cálculo definida por decreto, ni con criterios públicos que expliquen cómo se fija su valor o cómo deben reinvertirse los recursos que genera.
¿Por qué importa?
Porque en varios puertos la TUP se ha convertido en una fuente relevante de ingresos, llegando históricamente a representar más de la mitad de los ingresos totales en algunos terminales. En la práctica, opera como un cobro estructural por el uso de infraestructura pública, con efectos directos en los costos de operación de las naves y en la competitividad entre puertos.
La falta de reglas claras y homogéneas introduce incertidumbre tarifaria, distorsiona la competencia y agrega ruido a las decisiones logísticas y de inversión del comercio exterior. De ahí que el debate haya dejado de ser meramente técnico para instalarse como un tema regulatorio e institucional, especialmente en un escenario marcado por el vencimiento de concesiones portuarias hacia 2030 y nuevos proyectos de inversión en infraestructura.